La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pero su conocimiento a menudo sí.
Stanislaw Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío.
Con la Revolución de 1910 y ante un cercano periodo de incertidumbre, México se vio en la necesidad de fortalecer su sistema político con el fin de asegurar la seguridad y el patrimonio de sus ciudadanos, aspectos fundamentales del Estado moderno. En diciembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza convocó al Congreso para presentar un conjunto de reformas a la Constitución de 1857. De esta manera, hace 109 años, en el Teatro de la República, situado en la ciudad de Querétaro, se promulgó la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[1]
En el marco de su aniversario, la Constitución ha sido el texto de los caprichos de nuestros gobernantes, quienes argumentan que esto es para mejorar nuestra situación económica, la persistente inseguridad, la marginación, la pobreza o el escaso desarrollo social. Estas problemáticas, que indudablemente generan preocupación, se tornan aún más inquietantes cuando se cree que el simple hecho de tenerlas estipuladas en un documento puede transformar la realidad. Sin embargo, más allá de estos desafíos, subyace un sistema político que, aunque activo, se muestra timorato y poco innovador, simulando un cambio que no resulta en la cotidianeidad social. La impunidad, la corrupción y la inseguridad son circunstancias palpables que ilustran que, en este país, no se respeta lo más fundamental: la dignidad y la vida de los mexicanos.
Ante esto, algunos podrían pensar que, si cambiamos el texto constitucional por otro, podría corregir la realidad del país. Sin embargo, este cambio conlleva implicaciones más complejas. Al respecto, Jorge Carpizo planteó que “la creación de una nueva Constitución no es un ejercicio teórico, no es una discusión académica, no es la expresión de buenos deseos o intenciones. Se crea una nueva Constitución cuando existe ruptura, pactada o no, del orden jurídico, lo cual es un dato del mundo del ser, de la realidad y no del deber ser. Esa ruptura acontece porque la Constitución ya no rige jurídicamente a la sociedad, porque existe ingobernabilidad…”.[2]
La Constitución se actualiza constantemente; no se trata de un texto que se halle suspendido o estancado en el tiempo. Hasta la fecha, se han emitido 278 decretos que han reformado más de 100 artículos, destacando las reformas más recientes y poco atinadas concernientes al Poder Judicial y a la Guardia Nacional.[3] Esto, más que representar una ruptura, señala una manifestación de la dinámica que caracteriza a cualquier sociedad, en la que las reglas del juego están sujetas a ajustes conforme a un contexto inevitablemente cambiante.
Como ejemplo, cabe mencionar que, gracias a estas reformas, en un determinada momento de nuestra vida política contemporánea, se evidenció que la cohesión social y en ciertos casos, la voluntad positiva de los gobernantes, facilitaron la creación de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
La situación actual revela que aquellas instituciones que disfrutaron de autonomía constitucional, es decir, que priorizaban la técnica en sus estudios o decisiones sobre intereses particulares, han desaparecido en gran medida. En ciertos casos, estas entidades se han transformado en oficinas estrechamente vinculadas al poder ejecutivo federal en línea con la “austeridad republicana”, pero con el riesgo de perder imparcialidad, afectando, por ejemplo, negativamente el clima de inversión y la certeza empresarial en nuestro país.
Si a lo anterior le sumamos que ciudadanos, periodistas o miembros de la sociedad civil son perseguidos, sancionados con el brazo de la ideología y la venganza y no el de la ley, resulta un asunto que debería preocupar y ocupar a todos. La fachada de justicia y austeridad se sostiene solo en la medida en que no se perjudiquen los intereses personales de algunos. El pueblo es lo de menos, siempre olvida y olvida rápido.
Este fenómeno no se debe a la casualidad, sino que constituye una consecuencia que sugiere una ruptura del orden jurídico. Se ha manifestado de manera clara que la tendencia a legitimar la concentración del poder en uno solo (ejecutivo), así como la simulación de vivir en un entorno democrático, nos retrotrae a épocas del oficialismo y autoritarismo que creíamos haber superado. Es fundamental señalar que las prácticas inapropiadas que hoy identificamos como retrocesos no se relacionan con los valores y principios intrínsecos de un texto constitucional, sino con la corresponsabilidad de un país y sus ciudadanos, quienes, independientemente de su desempeño en el ámbito público o privado, vulneran y menoscaban en mayor o menor medida el logro de aquel 5 de febrero de 1917.
Las aspiraciones del constituyente de 1917 siguen siendo relevantes en nuestros días si consideramos el objetivo de luchar por un país mejor, pero los cambios continuos son parte de nuestro contexto, ya que este debe apelar a valores que otorguen legitimidad a la nación en el ámbito de la democracia y el bienestar genuino que todos deseamos. Si México y sus ciudadanos no cumplen con el mandato constitucional, esta, al igual que muchas otras leyes, podría responder con desdén: “No puedo darte lo que necesitas, la Constitución, mereces algo…, México”.
Consultor en Seguridad y Justicia, miembro del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados.
[1]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En: Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf. Consultado el: 28 de enero del 2026
[2] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932011000100004 Consultado el 28 de enero de 2026
[3] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm